Programa desarrollado de la Asociación Democracia Real Ya

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A continuación se detallan los puntos principales de las propuestas sociales, económicas y políticas de la asociación Democracia Real Ya. Este programa, según puede consultarse en el F.A.Q. recogido en la web oficial, puede resumirse en los siguientes términos: Solidarismo, Progresismo, Democracia participativa, Economía del bien común, Humanismo Social, Sociedad Civil, Euroescepticismo, Ecosocialismo, Proteccionismo, Antineoliberalismo, Postkeynesianismo. [1] [2]

Contenido

[editar] Sobre Política y Sociedad

[editar] I. Sistema político

  1. Eliminación de los privilegios de la clase política, con acciones como prohibir la fijación arbitraria de sueldos, pensiones vitalicias, dietas injustificadas que puedan recibir los políticos; reformar la financiación de partidos, defensa de campañas electorales austeras, y la inhabilitación de cargos imputados/condenados por casos de corrupción.
  2. Separación de poderes efectiva, con independencia judicial, despolitizando el Consejo General del Poder Judicial.
  3. Reforma íntegra del modelo parlamentario y del sistema electoral.
  4. Libertades ciudadanas y democracia participativa. La reducción del número de firmas necesarias para llevar adelante una iniciativa legislativa popular (ILP), facilitar y promover la participación ciudadana mediante la implantación de sistemas de información y voto electrónico, y promover la autentificación digital mediante DNIe y facilitar los medios a todos los ciudadanos para que puedan efectuarla.
  5. Transformación de los mecanismos de acceso a la vida política: transición de la “democracia representativa de partidos” a la “democracia representativa de la Sociedad Civil y la gestión técnica”. Conversión paulatina de la vida política basada en partidos hacia cámaras de decisión del Estado compuestos por gestores técnicos independientes y representantes de los organismos que componen la Sociedad Civil.
    1. Sustitución progresiva de los cargos políticos procedentes de partidos por representantes de la sociedad civil y la vida pública, previa democratización absoluta de los propios órganos civiles y colegios profesionales.
    2. Diseño de leyes en función de criterios objetivos mediante gestores técnicos independientes, provenientes de concurso de oposiciones y con mecanismos que faciliten las posibilidades de la inteligencia colectiva con la comunidad científica.
    3. Democracia semi-directa (incluyendo referendo, derogación e Iniciativa Legislativa Popular) sobre todas las posibilidades técnicamente posibles en cada aspecto relacionado con la vida pública. (Léase punto 6)
  6. Crear mecanismos de control ciudadano para la exigencia efectiva de responsabilidad política a los cargos de gestión pública, como: listas abiertas desbloqueadas, el establecimiento de una ley de Referéndums nacionales, ampliando las materias que pueden ser objeto del mismo, y el voto en blanco computable.
  7. Ley de transparencia[3][4]. Impulsar una ley de transparencia, de estilo escandinavo, que obligue a los altos cargos de la administración a publicar sus patrimonios y también bases imponibles, así como a la publicación de todos los gastos e ingresos de la administración.

[editar] II. Sociedad y servicios públicos

  1. Servicios públicos de calidad y garantías sociales. Freno a los recortes.
  2. Redimensionamiento de la administración pública.
  3. Recuperación de la gestión pública sobre sectores y servicios públicos estratégicos sumando las participaciones en empresas obtenidas a partir de las intervenciones bancarias a las que ya posee la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) y realizando compras estratégicas a mercado cuando sea menester. (Véase sección de Economía, apartado I).
  4. Aumento de la cobertura de la Seguridad Social y reducción de las listas de espera.
  5. Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
  6. Financiación pública de la investigación que garantice su desarrollo independiente.
  7. Transporte público accesible y ecológico.
  8. Red de Telecomunicaciones estatal.
  9. Libertad de información.
  10. Medios de comunicación independientes, onde entre cosas, se establecerá un conjunto de criterios (código deontológico) similar al de la BBC al que deberán ceñirse todos los medios de información que tengan concesiones de emisión o publicación en territorio nacional, ya sean públicos o privados. Por otro lado, una ley de propiedad de medios limitará el porcentaje máximo de participaciones que una empresa pueda poseer de un medio para evitar que este quede supeditado a sus intereses tanto publicitarios como de sesgo informativo.
  11. Tarificación universal y transparente en los servicios públicos.
  12. Acortar el tiempo de demora en los pagos de la administración realizándolos a través de la nueva banca pública.
  13. Rebajar el código penal primando la proporcionalidad en las penas y los trabajos sociales por encima de las penas de cárcel.

[editar] III. Relaciones exteriores, soberanía, gasto militar y derechos de las Fuerzas Armadas

  1. Estado fuerte y soberano frente a los poderes supranacionales.
  2. Transformación del modelo de integración político-económica con Europa.
  3. Revisión de todos los acuerdos que limiten nuestra soberanía nacional.
  4. Revisión de los gastos en defensa y garantías sociales para las Fuerzas Armadas y demás trabajadores dependientes del Ministerio de Defensa, con acciones entre otras como hacer obligatoria la consulta ciudadana para poder intervenir con el ejército español en cualquier guerra o zona de conflicto extranjera.

[editar] Sobre Economía

[editar] I. Banca y finanzas

  1. Exigencias firmes de capital propio mínimo para todos los actores financieros privados en lugar de las inútiles normas de Basilea, en aras de la seguridad y la transparencia. Ampliación de los coeficientes de caja.
  2. Regulación estricta de los derivados, los productos tóxicos y la ingeniería financiera.
  3. Creación de una banca pública nacional con vocación social, que facilite una alternativa a las entidades privadas e impulse la re-industrialización y el tejido productivo del país. Para ello,se utilizará en primera instancia a las cajas y bancos intervenidos junto con el ICO (Instituto de Crédito Oficial).
  4. Nacionalización inmediata de aquellas entidades financieras intervenidas o rescatadas por algún organismo público. Todos sus activos físicos pasarán a formar parte de la nueva banca pública. La SEPI gestionará las participaciones en empresas nacionales heredadas de las absorciones.
  5. Creación de una agencia pública de calificación y evaluación de riesgos, ratings y otros elementos actuariales para su posterior integración en el seno de la UE.
  6. Implantación de un coeficiente de inversión en economía real para lograr de forma efectiva la función social del crédito de las entidades bancarias privadas, que sea proporcional al dinero recibido a través del Banco Central junto a los beneficios obtenidos de la compra de bonos soberanos.
  7. Separación efectiva de banca comercial y banca de inversión y regulación del modelo de negocio y regulación del modelo de negocio, siguiendo un sistema similar al de la ley americana de Glass-Steagall de 1932.
  8. Auditorías externas obligatorias por parte del Estado a las compañías cuya marcha repercuta en la renta variable, fondos de inversión indexados al IBEX o planes de pensiones, con el fin de lograr transparencia y conocer su valor real.
  9. Exigencia de responsabilidades penales y patrimoniales a los causantes de la crisis. Interponer demandas contra los responsables políticos y económicos del período 1998-2008 de la actual crisis económica.
  10. Desarrollo y profundización del pago en su modalidad electrónica.
  11. Desarrollo de redes de financiación para nuevas empresas mediante incentivos fiscales a gestoras de capital riesgo y business angels, a fin de estimular la creación de valor añadido en un mercado interno dinámico capaz de llevar más allá la frontera tecnológico con proyectos innovadores.
  12. Limitación de tamaño para los prestadores e intermediarios de servicios financieros, limitando su poder de mercado e imposibilitando el chantaje a los estados.

[editar] II. Política fiscal

  1. Impuesto sobre las transacciones financieras que penalice la especulación.
  2. Tolerancia cero en la lucha contra el fraude fiscal intensificando su persecución.
    1. Centrar el objetivo de la campaña en el fraude reportado por grandes empresas y grandes patrimonios que es donde se concentran las principales bolsas de fraude del país.
    2. Incremento de las capacidades del departamento de inspectores de hacienda dotándoles con más y mejores medios, tanto humanos como técnicos, así como de la legislación oportuna para que puedan realizar su trabajo con eficacia y rapidez..
    3. Eliminación de las lagunas legales como las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), las ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros) o los paraísos fiscales.
    4. Suprimir la prescripción de los delitos de fraude de gran cuantía.
    5. Nueva legislación que haga aflorar la economía sumergida estableciendo nuevas regulaciones sobre aquellos sectores que muevan más dinero negro. En concreto, el país debería dotarse de normativas concretas en relación a las drogas, el juego y la prostitución con el fin de controlar y aplicar impuestos especiales a dichos sectores. Se reducirían, así, los costes carcelarios y permitiría centrar el esfuerzo policial en los delitos de fraude y actividades mafiosas realmente importantes.
    6. Lucha contra la facturación en negro aplicando severas multas a quienes incurran en dicha falta.
    7. Limitar los pagos en metálico a un máximo de unos 300€ obligando a que los importes superiores a esa cifra deban pagarse electrónicamente o con cheques barrados.
    8. Retirar de la circulación los billetes grandes de 500€ a 100€.
    9. Persecución de la fuga de capitales, especialmente si va dirigida hacia paraísos fiscales.
    10. Nulidad, con efecto retroactivo, de la amnistía fiscal promulgada por el PP en 2012.
  3. Mayor progresividad fiscal en el IRPF de las rentas del trabajo y del capital.
  4. Subir los tipos del IBI aplicado sobre las viviendas vacías y segundas residencias. Con esta medida se fomentaría la oferta de alquiler y venta, con lo que se contribuiría a acelerar el ajuste de precios y a facilitar el acceso a la vivienda.
  5. Revisión de las exenciones en el IBI para las asociaciones declaradas de utilidad pública, los colegios privados y los espacios dedicados al culto.
  6. Ecotasa social fronteriza basada en un sistema de «kilómetros de carbono», calculada sobre la base de las emisiones de carbono que provoca el transporte.
  7. Implantación de una ecotasa turística, para que el principal sector de la economía española contribuya más a la recuperación económica ayudando también a la reconversión del modelo productivo del país. El dinero recaudado ayudaría en la transición desde un país de servicios hacia uno basado en el desarrollo científico y la industria puntera.
  8. Eliminar el copago en la sanidad y la justicia allí donde se haya implantado. Las medidas de copago fomentan la desigualdad pero además generan innecesarios costes de fricción al tener que recaudar dinero en lugares donde antes no se hacía lo que incrementa los costes burocráticos y del personal necesario para dicha tarea.
  9. Restaurar el impuesto de sucesiones y donaciones con un mínimo exento, de unos 500.000€ a 700.000€ para que solo lo costeen los grandes patrimonios. Hará falta recuperar la competencia estatal sobre dicho impuesto dado que las CCAA se niegan a hacer uso de él a pesar de sus elevados déficits.
  10. Reducción progresiva del IVA hacia tipos más bajos. Se tratará de reducir paulatinamente el IVA en los tipos general y reducido y se incluirán más artículos considerados de primera necesidad a los tipos reducido y superreducido. Con esto se fomentará el consumo y ayudará a las medidas de reactivación de la economía interna sin ahogar más a las pymes además de lograr una mayor equidad fiscal.
  11. Impuestos especiales al lujo. Concretamente dirigido hacia los poseedores de grandes piscinas, yates, deportivos de gama alta, jets privados o fincas rústicas de grandes dimensiones. La posesión de cada uno de estos bienes considerados de gran lujo se grabará con un impuesto especial adicional.
  12. Armonización progresiva de los tipos para PYMEs y autónomos en función del volumen de negocio, de las acciones negociadas y de la antigüedad.
  13. Armonización fiscal en todo el territorio nacional que evite agravios comparativos entre CCAA.
  14. Eliminar las deducciones fiscales por la compra de primera vivienda. Nuevamente el objetivo es acelerar el ajuste de precios tan rápido como sea posible a la vez que se refuerza la oferta de alquiler hasta niveles europeos. (La media europea es del 39% mientras que en España solo del 13%, todo lo contrario a Alemania, 57%).

[editar] III. Vivienda

  1. Reforma de la ley hipotecaria, estableciendo la dación en pago con carácter retroactivo, además de la anulación de los embargos a viviendas ya pagadas que hubiesen servido de aval de hipotecas de familiares cercanos.
  2. Creación y gestión de un extenso parque de viviendas de protección oficial.
  3. Ayudas y beneficios fiscales para la inserción social y la emancipación para aquellas familias y jóvenes con imposibilidad de pagar las cuotas mínimas de alquiler.

[editar] IV. Empleo

  1. Derogación de la reforma laboral aplicada por los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP. El objetivo es substituir las leyes vigentes por otras que produzcan incrementos en el salario real impulsando así, la recuperación económica desde la base de incrementos en la demanda agregada. Además se recuperarán los derechos perdidos en las reformas recientes.
  2. Reparto del trabajo como solución al paro reduciendo jornadas y edad de jubilación, con acciones como por ejemplo primar la jornada intensiva por encima de la jornada partida, reducir la edad mínima de jubilación hasta los 60 años permitiendo así la entrada de más trabajadores jóvenes al mercado laboral, la reducción progresiva de la jornada laboral hasta alcanzar las 30h o la reducción de jornada completa a jornada parcial a petición voluntaria con reducción de sueldo.
  3. Simplificar las modalidades contractuales e imposibilitar la concatenación de temporales. El objetivo es dotar del mismo grado de protección a todos los trabajadores lo que ayudaría a que la economía fuese más productiva, podría facilitar la transición hacia un modelo productivo menos basado en la hostelería y el ladrillo. Sobre el contrato único.
  4. Nueva legislación sobre EREs que los restrinja si la empresa tiene beneficios para terminar con los despidos injustificados. Tendría en cuenta los beneficios obtenidos, pero también el pago de dividendos, los bonus, las diferencias salariales, así como el número de altos directivos de la empresa.
  5. Potenciar la carrera investigadora.
    1. Ampliación de los programas de estímulo, de becas y de ayudas que fomenten la vocación investigadora y la transición hacia un modelo productivo basado en el alto valor añadido.
    2. Incremento del número de plazas de investigadores profesionales para reducir la precariedad de la carrera científica evitando así la fuga de cerebros.
    3. Promoción de la excelencia docente e investigadora, a través de programas de captación de científicos de primer nivel.
    4. Beneficios fiscales para aquellas empresas del sector privado que inviertan en I+D.
  6. Desarrollo de programas de formación, renovación y adaptación a las TIC a parados de larga duración y a profesores para que adapten y modernicen los métodos de enseñanza actuales.
  7. Mantener los subsidios a los parados de larga duración con la única condición de acudir a los programas de reciclaje para capacitarlos para los programas estatales de recuperación económica.
  8. Legislación que termine con los abusos de los falsos autónomos y de las subcontratas. Inspeccionar con rigor aquellas profesiones en las que dicha práctica es habitual, como la arquitectura o las telecomunicaciones.
  9. Establecimiento de un ratio mínimo de gasto laboral por beneficio a las grandes empresas.
  10. Regulación de las escalas salariales limitando los bonus y las diferencias salariales.
  11. Reconversión del sistema/modelo productivo actual basado en la construcción y los servicios, a otro basado en la alta tecnología y la investigación puntera.
  12. Retribución de pensionistas y empleados públicos a través de la nueva banca pública.
  13. Regulación de la gobernanza empresarial.
  14. Fijación de salarios que tenga en cuenta la inflación y la contribución social y no tanto la productividad y el valor añadido del trabajado al sector privado. (multiplicador por bienestar común)

[editar] V. Proteccionismo y comercio exterior

  1. Penalizar las importaciones según su grado de responsabilidad ambiental y social.
  2. Política desglobalizadora y «ecosocialdiplomacia comercial».
  3. Recuperación progresiva de la política monetaria y cambiarla.
  4. Limitar las emisiones de deuda en función del % del PIB y de los volúmenes adquiridos.
  5. Potenciar la producción local, la transferencia de consumo y el comercio regional.

[editar] VI. Industria, energía y recursos

  1. Ley de garantías que obligue al fabricante a alargar la durabilidad de sus productos.
  2. Transición hacia medios de transporte de bajo consumo.
  3. Desarrollo e implantación de las energías renovables y de la microgeneración distribuida.
  4. Programas de ahorro energético, reducción del consumo de materias primas y contra la deslocalización industrial.
  5. Adaptar la legislación para corregir las externalidades ambientales en precios y bienes.
  6. Economía de recursos basada en la contabilidad de la energía.
  7. Modelización y previsión económica basada en agentes que incluya caos, heterogeneidad y recursos.
  8. Firme control del consumo de agua en todo el territorio.
  9. Desarrollo de tecnologías médicas y agrícolas avanzadas y nuevos métodos de fabricación.
  10. Publicidad con valores éticos y sostenibles.


[editar] Referencias