Criminalización y represión de las protestas sociales en España

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El 11 de abril de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy (del Partido Popular) anunció que los Ministerios de Interior y Justicia estaban trabajando juntos para reformar el Código Penal para aumentar la pena mínima de ciertos actos a 2 años y poder pedir así prisión provisional para los detenidos.

Uno de estos actos es convocar manifestaciones por Internet que acaben en disturbios. El otro es que la resistencia pasiva pasaría a estar penada como atentado a la autoridad[1].

Sobre las protestas a las puertas del Congreso:

Sobre las protestas de los militares criticones:

Más delitos nuevos:

[editar] Noticias relacionadas

[editar] Referencias

[editar] Véase también